Una nueva declaración: Libertad económica para los próximos 250 años
Estimados amigos y conciudadanos:
El 2 de julio de 1932, Franklin Delano Roosevelt (FDR) compareció ante la Convención Nacional Demócrata en Chicago y prometió «un nuevo trato» (*New Deal*) para el pueblo estadounidense. Sus palabras, impulsadas por las penurias de la Gran Depresión, iniciaron una revolución en el contrato social de Estados Unidos. Hoy, casi un siglo después, nos enfrentamos a una nueva crisis de desigualdad e inestabilidad económica: una crisis que exige una respuesta nueva y audaz.
Al celebrar el 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos, me surge una pregunta que resuena a lo largo de nuestra historia: ¿qué definirá los próximos 250 años? Los dos primeros siglos y medio fueron, en gran medida, una lucha por la libertad política; una lucha librada con valentía y de manera imperfecta, pero que, en última instancia, condujo al progreso. Ahora, al encontrarnos en el umbral del tercer siglo de la nación, debemos preguntarnos: ¿pasaremos los próximos 250 años luchando por la libertad económica, o aprovecharemos este momento para garantizarla para todos los estadounidenses?
Es hora de inspirarse en la era de FDR y exigir una Renta Básica Universal (RBU) a nivel nacional, financiada en parte por aquellos que más se han beneficiado de nuestras inversiones colectivas.
El sector público paga, el sector privado se beneficia
Vivimos en una nación de una riqueza asombrosa. Las corporaciones multimillonarias y los grandes magnates deben gran parte de su éxito no solo a su propio ingenio, sino a las contribuciones colectivas de los contribuyentes. Internet, la columna vertebral de la economía moderna, fue financiado con fondos públicos a través de DARPA. La infraestructura de las autopistas de la información, los satélites y la investigación que hicieron posible a los gigantes tecnológicos actuales no fue obra exclusiva de la industria privada, sino fruto de la inversión y el sacrificio públicos.
Sin embargo, a medida que la riqueza se ha concentrado más, la seguridad económica del estadounidense promedio se ha vuelto más precaria. Hemos llegado a un punto en el que un puñado de individuos posee más riqueza que regiones enteras, mientras millones de personas luchan contra salarios estancados y empleos precarios. Es hora de que quienes más se han beneficiado de nuestras inversiones públicas aporten su parte justa para garantizar la dignidad económica de todos. Lecciones de FDR: legislación, no solo retórica
FDR no esperó a lograr un consenso perfecto ni a que se aprobaran enmiendas constitucionales para actuar. Su visión de una «Carta de Derechos Económicos» —que incluía el derecho a un empleo, a una vivienda, a la atención sanitaria y a la educación— no pretendía ser una mera aspiración. Exigió acción al Congreso. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 1944, declaró que estos derechos podían y debían garantizarse mediante una acción legislativa de gran alcance; no reescribiendo la Constitución, sino poniendo la maquinaria del gobierno al servicio del bien común.
La ley G.I. Bill, aprobada apenas unos meses después del discurso de FDR sobre la Carta de Derechos Económicos, sirvió de prueba para esta visión. Garantizaba educación superior gratuita, préstamos hipotecarios con bajos tipos de interés y prestaciones por desempleo: medidas vitales que transformaron la vida de los veteranos y forjaron la clase media estadounidense. No hay razón para que no podamos aprovechar este legado en beneficio de todos. Necesitamos una G.I. Bill para el siglo XXI: una ley para todos.
Se acabaron las excusas: inflación, guerras y cierres gubernamentales
A los políticos les resulta fácil señalar la inflación, los conflictos en el extranjero o los cierres de la administración pública como motivos para no actuar. Pero no son excusas, sino síntomas de una renuencia más profunda a desafiar intereses arraigados e invertir en nuestra gente. No es posible reconstruir los programas destruidos simplemente anhelando el pasado. Necesitamos medidas audaces ahora mismo.
¿Cómo lo financiamos?
Una renta básica universal (RBU) a nivel nacional puede financiarse mediante una combinación de enfoques innovadores que exijan una contribución justa a quienes más se han beneficiado de la inversión pública. En primer lugar, podemos establecer un impuesto sobre el valor añadido (IVA) moderado a escala nacional, dirigido especialmente a los bienes y servicios producidos por empresas tecnológicas multimillonarias —y pronto billonarias—; empresas cuya existencia se debe a innovaciones financiadas por los contribuyentes, como Internet. En segundo lugar, podemos cerrar las lagunas jurídicas del código fiscal de sociedades, garantizando que las grandes corporaciones paguen una parte justa que refleje su dependencia de las infraestructuras y la investigación públicas. En tercer lugar, podemos implementar un impuesto sobre el patrimonio de las personas ultrarricas, cuyas fortunas se han construido en gran medida gracias a inversiones colectivas.
La historia de la innovación estadounidense —desde el New Deal hasta el auge tecnológico— demuestra que, cuando invertimos en las personas, la prosperidad llega por añadidura. Al redirigir una parte de la inmensa riqueza de nuestra nación, podemos garantizar que todos los estadounidenses disfruten de un nivel básico de seguridad económica sin imponer una carga excesiva a las familias trabajadoras. En lugar de preguntarnos si podemos permitirnos una renta básica universal, deberíamos preguntarnos si podemos permitirnos dejar atrás a millones de personas mientras la riqueza de nuestra nación se concentra cada vez más en la cima.
Un imperativo moral: haciéndonos eco de Paine, MLK y FDR
Thomas Paine, el revolucionario estadounidense, creía que «está en nuestras manos comenzar el mundo de nuevo». El Dr. Martin Luther King Jr. abogó directamente por una renta garantizada como el siguiente paso necesario tras la lucha por los derechos civiles, subrayando la justicia económica como cimiento de la verdadera igualdad. Franklin D. Roosevelt, en su Declaración de Derechos Económicos, instó al Congreso a garantizar la seguridad económica para todos los estadounidenses: no en un futuro lejano, sino ahora mismo.
Contamos con las herramientas, la riqueza y el precedente histórico. Lo único que falta es el valor para actuar. En este aniversario de la promesa del New Deal de FDR, dejemos que nos guíen la esperanza y la unidad, no el miedo ni la división. Asumamos la tarea de construir una nación donde la seguridad económica no sea un privilegio, sino un derecho de nacimiento. La promesa de una Renta Básica Universal no es solo una propuesta política; es un llamamiento a la acción para nuestra generación y para las venideras. Si crees en el cambio, únete a este movimiento, lucha por el futuro que deseas ver, suscríbete, comparte y dona para apoyar esta causa. Juntos podemos iniciar una nueva era de posibilidades para Estados Unidos: una en la que la dignidad, la seguridad y la esperanza estén al alcance de todos.
En solidaridad,
Gamy Enriquez, MPA
2 de julio, 2026
